La proliferación de ‘drones’ armados está asegurada

La proliferación de ‘drones’ armados está asegurada. Un mundo sin ninguna o pocas restricciones a esta tecnología militar podría minar la protección de los derechos humanos, la prevención de conflictos bélicos y amenazar el sistema legal internacional.

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El presidente Barack Obama ha hecho del ataque con drones la pieza central de su estrategia contra el terrorismo de Al Qaeda, hasta convertir dichos ataques en rutinarios. Como sucede con otras muchas nuevas tecnologías, estos vehículos aéreos no tripulados –denominados drones (abejorros) por el zumbido que les caracteriza– pueden resultar increíblemente útiles, pero también muy peligrosos. Y es que sus posibilidades parecen ilimitadas y las misiones que pueden cumplir, poco menos que infinitas.

La mayoría de los drones se utilizan para vigilancia y para una gran variedad de actividades civiles. La policía los usa para luchar contra las redes de delincuentes, el narcotráfico o el contrabando. También se están utilizando para espiar y obtener información sobre las actividades privadas de las personas, que pueden ser grabadas sin tener conocimiento de ello. Algunos tipos de drones están dotados con misiles muy precisos que pueden alcanzar a individuos aislados, automóviles o partes de un gran edificio y se usan, como cualquier otro tipo de armamento, en caso de guerra. También se emplean para matar a personas previamente seleccionadas. 

Son los targeted killing (asesinatos selectivos) que Naciones Unidas define como “actos premeditados de fuerza letal empleados por los Estados en tiempos de paz o durante conflictos armados para eliminar a individuos determinados”. Un concepto que ha sido aceptado de hecho por la comunidad internacional, aunque no está regulado en Derecho. Hasta ahora solo tres países han utilizado los drones para realizar ataques selectivos: Israel fue el primero y lo hizo para matar a los líderes de la resistencia palestina, método que Estados Unidos criticó y calificó de ilegítimo, aunque tras el 11-S los empleó masivamente. Reino Unido los ha utilizado en operaciones de combate en Afganistán. China e Irán parecen ser los otros países que poseen drones armados operativos, pero no los han utilizado.

La ONU, por primera vez en su historia, está utilizando drones espías para presionar a las milicias rebeldes en la República Democrática del Congo y para observar los movimientos de los civiles que están siendo desplazados. No se descarta su uso en otras misiones de paz y ya hay quien se pregunta si acabarán sustituyendo a los cascos azules. Por otro lado, la OTAN ha lanzado el programa AGS (Alliance Ground Surveillance), cuyo objetivo es vigilar grandes áreas y saber lo que ocurre antes, durante y después de una operación. También la Unión Europea quiere utilizar drones para vigilar sus fronteras y ha puesto en marcha el programa Eurosur para detectar antes las nuevas rutas de inmigración; mejorar la cooperación en la lucha contra el crimen organizado transfronterizo, el narcotráfico, el contrabando y la trata de personas; así como para evitar delitos medioambientales y la pesca incontrolada.

Siete países de la UE (Alemania, España, Francia, Grecia, Holanda, Italia y Polonia) producirán conjuntamente drones para uso militar a partir de 2020, a través del programa MALE (Medium Altitude, Long Endurance), y otros seis (España, Francia, Grecia, Italia, Suecia y Suiza) están trabajando en el “Euro-UCAV”, un drone de combate que ya realizó un vuelo de prueba en diciembre de 2012. También Francia y Reino Unido están desarrollando el Telemos, un drone armado con misiles que proyectan tener operativo en 2018. Alemania e Italia sopesan la posibilidad de comprárselos a EEUU. Rusia posee drones para vigilancia y en 2015 los desplegaran armados. India pronto equipará lo suyos con munición de precisión y Pakistan -que no puede dejarse superar por su rival- también los tendrá con la ayuda de China. Argelia ha comprado a Rusia drones espía y negocia con China adquirir otros armados. Marruecos ha recibido drones de Francia y de EEUU para observación y vigilancia.

Fuente: Política Exterior 159 - Mayo / Junio 2014
Autor: Belén Lara